Polémica por la venta de inmuebles porteños

Alejandro Giuffrida

El gobierno porteño sumó un nuevo capítulo a su tensa relación con las organizaciones sociales y los movimientos populares de la ciudad. En la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña espera tratamiento un polémico proyecto de ley que envió el Ejecutivo para “disponer la venta de inmuebles” pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). La medida que intenta impulsar el macrismo apunta a la comercialización de 36 inmuebles. De esta forma, el IVC obtendría fondos (mediante el desprendimiento de sus propios terrenos) para lograr “implementar soluciones habitacionales”, según se consigna en el proyecto. La medida despertó el recelo de las organizaciones sociales, pero también del arco opositor.

Mañana, representantes de organizaciones sociales afectadas por la medida mantendrán un encuentro con el titular del IVC, Omar Abboud, para reclamarle la “suspensión de los desalojos”, informó Julio Tamae, presidente del Centro Comunitario San Martín. “Vamos a proponerle a Abboud una tregua de 120 días”, adelantó Tamae y precisó: “Si el gobierno accede a interrumpir los desalojos, las organizaciones sociales bajamos el nivel de confrontación y aminoramos el plan de lucha”. El dirigente social explicó que exhortarán al macrismo a que “brinde una vivienda transitoria para las personas que pasaron a situación de calle después de los últimos desalojos”.

El martes pasado las organizaciones sociales se habían reunido con legisladores de la oposición. De aquel encuentro, según trascendió, los legisladores salieron con la intención de impulsar desde la Comisión de Vivienda la declaración de emergencia habitacional en la Ciudad. Además, propondrían en la Legislatura la reapertura del presupuesto del Instituto de Vivienda para volver a analizarlo y ampliar los fondos que tiene asignados. Esas iniciativas ya cuentan con el apoyo de los diputados porteños de los partidos Proyecto Sur, la Coalición Cívica y el Frente Popular para la Victoria.

La situación del Instituto de Vivienda es compleja. Primero vio adelgazar su presupuesto durante 2008, luego subejecutó un 50 por ciento de los fondos disponibles para 2009, y por último en 2010 se comerá a sí mismo, aparentemente, para obtener los recursos necesarios para su desempeño. El proyecto de ley que envió el oficialismo señala que los inmuebles cuya venta se propicia “constituyen un patrimonio inmovilizado que no genera recursos” y agrega que “requiere de atenciones y cuidados de custodia y vigilancia tendientes a evitar actos ilegales”. El macrismo sostiene además que esas propiedades hoy se encuentran en una situación “ociosa y sin destino”.

El macrismo sostiene que esta iniciativa es parte de una “política de fortalecimiento institucional” del IVC, mediante la cual lograrán “incrementar el presupuesto financiero” del organismo. “Los fondos no tendrán otro destino que brindar soluciones habitacionales”, destacan.

Pero en el listado presentado por el Ejecutivo hay de todo: inmuebles en los que viven familias, espacios en los que funcionan centros comunitarios y cooperativas, y los terrenos de Casa Amarilla destinados a la construcción de viviendas para vecinos de La Boca.

El proyecto ingresó a la Legislatura el 3 de diciembre último bajo el número 2660/09 y debe debatirse en la Comisión de Vivienda, presidida ahora por la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.

En la Ciudad de Buenos Aires, según el último dato difundido por el IVC, unas 85 mil familias padecen una situación habitacional “precaria o deficitaria”, tendencia que se agudiza en los barrios de la zona sur. Hay que sumar a este número el informe que difundió la organización Médicos del Mundo, donde advierten respecto de más de 11 mil personas que viven directamente en situación de calle. Las organizaciones sociales toman como “un dato para nada menor” que el grueso de los inmuebles que el macrismo ahora intenta vender “son justamente del sur de la Ciudad”, según denuncia el Movimiento por un Pueblo Libre.

Un centro social en la lista

Un día la llamaron por teléfono y le dijeron sencillamente: “Estás en la lista”. Élida Fernández, directora del Centro Comunitario General San Martín, recibió la “terrible noticia” de que su terreno era uno de los 36 inmuebles que el gobierno porteño intenta vender. “Nosotros seguimos con nuestro comedor popular, el merendero, la sala de computación, la biblioteca, el apoyo escolar y todas las actividades que siempre brindamos”, enfatiza Fernández, y agrega: “Pero ahora sumamos la lucha diaria para evitar que nos subasten nuestro lugar”.

El Centro Comunitario funciona desde hace tres años en el barrio de Parque Patricios, en la avenida Caseros al 4100. El gobierno de Aníbal Ibarra les había cedido el terreno en comodato para que construyeran un complejo de viviendas mediante una cooperativa y, hasta que las obras se terminen, les encomendó el armado de un centro comunal. Paradoja, el mismo día que entró el proyecto de venta de los 36 inmuebles, la Legislatura porteña sancionó una ley para otorgar al Centro San Martín el permiso de uso del terreno por diez años. “El predio debe ser destinado a la práctica de actividades sociales, culturales y comunitarias”, resalta un artículo de la Ley 3.378. Mauricio Macri la vetó.

Fuente:Criticadigital